Por Carlos Acevedo, Panelista Check noticioso, FOMEO
Cuando la realidad se escapa de las palabras es preocupante pero aún más preocupante es cuando son las palabras las que generan la realidad.
El pasado 11 de mayo la ministra de salud, interpuso una denuncia ante la fiscalía regional de Valparaíso acusando a los equipos de salud del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, de la aplicación de torturas y tratos crueles e inhumanos- citando el artículo 150 A del Código Penal- en el marco de tratamientos de terapia electroconvulsiva (TEC).
Generando con esto gran revuelo mediático en el cual los medios de comunicación hicieron festín con la noticia, lo que llevo a la ciudadanía volcarse y levantar acusaciones a través de las redes sociales, llegando al punto de agredir a los equipos de atención domiciliaria por intermedio de insultos y consignas de torturas, obligándolos a cubrir el logo de la institución para no ser reconocidos por la gente.
Está más que claro que el hospital del salvador tiene una serie de deficiencias expuestas por años por los mismos trabajadores del recinto, extensas jornadas laborales, infraestructura precaria y falta de dotación son las más graves y que dejan en manifiesto el total abandono por parte del estado de Chile, sin embargo y a pesar de todas estas falencias son las y los trabajadores quienes han mantenido a flote el hospital, a costas de sus propios bolsillos en muchos casos.
La ministra en sus palabras y en su actuar deja en evidencia la desconexión total por parte de la red central de salud ya que “tortura” son sus acusaciones que son solo para los medios, ya que al reunirse con las y los funcionarios sus palabras fueron completamente diferentes, palabras de tranquilidad y de apoyo al personal, de una nueva hoja de ruta que tomaría la institución y que ella nunca pensaría que los funcionarios ejercemos torturas ni malos tratos a los usuarios, sin embargo en la interpelación realizada por la cámara de diputados vuelve nuevamente sobre sus acusaciones y se refiere a que este gobierno perseguirá toda violación de derechos humanos y no permitirán el abuso por parte de la institución.
Cabe recordar que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se considera como tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Actos que nunca han sido realizados por funcionarios del establecimiento de salud mental.
